Los afectados de las cocinas fantasma critican las reformas urbanísticas que se aprueban hoy

Censuran que las normas permitan que se siguan instalando estos negocios de comida de reparto a domicilio en zonas residenciales, por los graves perjuicios que ocasionan.

Tres años y medio después, la esperada reforma de las normas urbanísticas de Madrid será aprobada hoy en un pleno extraordinario, que se celebrará a las 8.30 horas.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid(PGOU) – que data de 1997- salvó la semana pasada su último escollo tras obtener el dictamen favorable de la Comisión Extraordinaria de Urbanismo, con los votos a favor del PP, en contra de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox.

Contra todo pronóstico, el partido de derecha radical tumbó el pasado mes de diciembre el proyecto estrella del Área de Desarrollo Urbano durante la pasada legislatura, cuando había votado a su favor en otras ocasiones.

El bloqueo de Vox sembró el caos en la construcción de vivienda nueva y generó una gran inseguridad jurídica en el sector. Muchos proyectos inmobiliarios se hicieron pensando en la futura legislación y, al no aprobarse, se encontraron en un limbo legal.

La actualización urbanística incluye como principal novedad que las terrazas, los cuartos de instalaciones y los trasteros no computan a efectos de edificabilidad, con el objetivo de potenciar los balcones tan demandados durante la pandemia y liberar las azoteas de los edificios para que sean transitables.

Por tanto, las promociones que se construyeron siguiendo esta directriz se encontraron que con la antigua norma rebasan la edificabilidad permitida.

Todo ello será subsanado hoy cuando la normativa sea aprobada con los 29 votos del PP, aunque la reforma todavía deberá pasar un último trámite, ya que la Comunidad de Madrid tiene un plazo de cuatro meses para dar el visto bueno definitivo.

Más verde en inmuebles

Las normas introducen además un nuevo parámetro urbanístico: el factor verde, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad ambiental. De esta forma, se podrán incorporar fachadas verdes verticales y cubiertas verdes en los edificios repletas de vegetación.

La revisión del PGOU también regula y endurece los requisitos para instalar cocinas fantasma, pero los afectados consideran que las medidas son insuficientes y han lanzado una campaña #TuCasaEntreFogones para alertar de las consecuencias nocivas de estos establecimientos.

El anterior concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes, instauró una moratoria de licencias hasta que se aprobasen las nuevas normas, que decae el 17 de agosto.

La Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma teme que desde esa fecha hasta que la Comunidad de Madrid apruebe definitivamente la actualización del PGOU algunas empresas aprovechen para desembarcar en zonas residenciales e instalar las dark kitchen con tan sólo una declaración responsable: «Va a haber barra libre para la apertura de esos negocios en edificios de viviendas. Es la ley de la jungla», afirma Esther Lomas, miembro de la plataforma

El proyecto establece que estos negocios de reparto de comida a domicilio podrán instalarse en locales de zonas residenciales que tengan como máximo 350 metros cuadrados y no podrán tener más de ocho fogones.

También deberán contar con una zona en el interior para la recogida y entrega de pedidos y los promotores deberán elaborar un estudio de movilidad.

Ruidos y malos humos

Sin embargo, los afectados critican que no se haya prohibido que se instalen estos negocios en zonas residenciales, como ha sucedido en Barcelona, ni que se haya fijado un límite en los horarios.

«Las empresas podrán instalar cocinas industriales en cualquier inmueble residencial, arruinando la vida del vecindario con sus olores, sus malos humos, sus ruidos, su suciedad, sus molestias en la movilidad u ocupación abusiva del espacio público, como ya hacen en 20 negocios activos en la capital», censura la plataforma.

Muchos de estos vecinos están recurriendo a los tribunales con la esperanza de que la Justicia les dé la razón, como sucedió con la cocina fantasma situada al lado del colegio Miguel de Unamuno. El juez anuló su licencia porque incumplía la normativa urbanística.

La plataforma de afectados critica el conflicto de intereses que existe en la tramitación de las licencias, que se realiza mediante las entidades colaboradoras urbanísticas (Ecu), que son empresas privadas. «No se controla cómo se conceden las licencias porque apenas hay inspectores. Las Ecus dan las licencias a estas empresas, que acaban siendo sus futuros clientes en otros proyectos», concluye Esther Lomas.

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